Empresas como YouTube colaboran con la justicia facilitándole los datos que precisen cuando sus usuarios están siendo investigados por delitos de pornografía infantil o vejaciones a discapacitados. Sin embargo, la cosa se complica cuando las acusaciones se remiten a delitos menores como carreras ilegales de coches. En este caso la empresa se defiende en el derecho de privacidad. Además, lo que es ilegal en un país es legal en otro. Así, por ejemplo, en España es legal descargar música, acción que en Estados unidos es ilegal. Desde nuestro punto de vista se hace cada vez más patente una unidad legislativa mínima global que permita a la justicia actuar en estos casos.
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