Como hemos mencionado en anteriores post, las instituciones u organizaciones encargadas de regular los usos ilegítimos en Internet presentan en España grandes carencias. De ahí la necesidad de tomar conciencia de desarrollar organismos eficaces que puedan hacer frente a los fraudes o delitos informáticos que cada vez más se presentan de forma diversas y cambiantes. En este sentido, la jurisprudencia del TIC debe desarrollarse desde un ámbito dinámico que sea capaz de comprender los nuevos usos ilícitos de la red. Por tanto, se hace necesario un cuerpo especializado que tenga una capacidad de repuesta adecuada frente a un espacio, cuya característica principal es su diversidad y capacidad de transformación. Consecuentemente, los organismos que regulan Internet deben enfrentarse a un proceso de modernización que no solo ponga en cuestión la estructura actual de los cuerpos dedicados a dicha tarea, sino también la adecuada formación continua de aquellos agentes o instituciones que intervengan en juicio de este tipo de delitos.
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